Prevenir los abusos infantiles en República Dominicana. Los últimos días han salido a relucir en la prensa algunos casos de posibles abusos infantiles en República Dominicana cometidos por personas que trabajaban directamente en contacto con niños. Estas situaciones plantean el angustiante problema de saber quién es responsable de controlar a las personas que ejercen profesiones ligadas a la niñez.

Es alarmante enterarse de denuncias de supuestos abusos infantiles en República Dominicana de parte de Kelvin Núñez, conocido como el payaso Kanqui, productor y presentador del programa Kanquimania. O de oír que el Colegio del Caribe Punta Cana despidió a Hadmels DeFrias, maestro que impartía clases de inglés en el centro educativo, un ex sacerdote que había sido expulsado y condenado por abusar sexualmente de dos niños en Nueva Jersey.

Algo tiene que cambiar en el abordaje de las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad. Al darse a conocer estos actos, poco a poco, la sociedad se va viendo forzada a abrir los ojos sobre temas considerados hasta ahora como tabú, que se mantienen invisibilizados y ocultos por la culpa, la vergüenza, la normalización y la ausencia de un sistema de protección con capacidades suficientes para la prevención, vigilancia y sanción oportuna.

Es muy alentador que, en el mes de marzo, por primera vez en la historia, la Corte de Apelaciones de la capital chilena condenó al Arzobispado de Santiago por encubrimiento de delitos de pederastia, obligándole a pagar una indemnización a tres víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco que por décadas abusó sexualmente de niños y adolescentes con la anuencia de la jerarquía católica.  

En un análisis Pere Font, director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona, y Francisco Alonso Fernández, presidente del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española y catedrático de la Universidad Complutense, coincidieron en señalar que las personas que sienten una atracción por los niños escogen profesiones que les permitan estar en contacto con ellos. Mencionan a título de ejemplo a los monitores, entrenadores deportivos, y curas y frailes, así como los conductores de autobuses escolares.

Señalan también que este tipo de comportamientos se da «en todos los contextos sociales, culturales y religiosos, y no sólo en los católicos».  Recalcan, además, que “en tres de cada cuatro casos de pedofilia ya existía una relación anterior entre el niño y el adulto; el 15% de las veces este era un profesor”.

El abuso sexual infantil siempre constituye una forma de violencia física y mental, por medio de la cual el adulto se aprovecha tanto de la confianza del niño como de su superioridad, teniendo como consecuencia que el niño/a no comprenda la gravedad del hecho debido a su inmadurez psicosexual, que no le permite dar consentimiento o negarse libremente.

La mayoría de los casos de abusos infantiles en República Dominicana no se denuncian porque los niños son amenazados para que no los revelen, o se sienten demasiado avergonzados. Por otra parte, muchos casos denunciados se desestiman porque no se le cree al niño o no se pueden probar las acusaciones.

En nuestro país, la Constitución señala en su artículo 56 que “la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales”.

La protección de niños y niñas desde el Estado, la familia y la sociedad es clave en la prevención y atención al abuso sexual, y conlleva el desarrollo de mecanismos, procedimientos y protocolos, tanto en la contratación de personal que trabaje con niños y niñas como para la vigilancia continua de las operaciones de los distintos espacios donde se desarrolla la niñez.

Esta es, sin ninguna duda, una tarea primaria del Estado y de sus instancias de protección, que debe garantizar que los niños y niñas se desenvuelvan en ambientes seguros.

Los escándalos de las últimas semanas evidencian, a todas luces,  una falla del sistema en su labor de proteger a los niños y niñas frente al abuso sexual en sus entornos primarios.